El Tesoro ya marcó 31 blancos en el Estado de México. Ahora la lupa sube al gabinete.
Huachicol, químicos de China, Tren de Aragua y La Familia: la ruta completa de la madre de todas las batallas de 2027

El Estado de México tiene casi 17 millones de habitantes y la lista de electores más grande del país: 12,871,433 personas al corte del INE del 29 de enero de 2026. El 6 de junio de 2027 se votan ahí 75 diputaciones locales, 125 ayuntamientos y 40 distritos federales. Son 1,291 cargos locales en una sola jornada. Quien gana el Estado de México gana el centro del país. Por eso le llaman la madre de todas las batallas.

El 29 de septiembre de 2026, The New York Times reportó que dos agencias de seguridad de Estados Unidos revisan señalamientos contra Andrés Manuel López Beltrán por presuntos vínculos con personas ligadas al crimen organizado y al contrabando de combustible. No hay investigación formal abierta ni cargos. El 5 de octubre, columnas políticas publicadas en México afirmaron que esa atención se extiende a dos hombres del gabinete mexiquense: Horacio Duarte Olivares, secretario General de Gobierno, y Óscar Flores Jiménez, secretario de Finanzas. Esas columnas no citan documentos. Aquí se tratan como lo que son: señalamiento, no prueba.

Esta investigación no parte de las columnas. Parte de los archivos oficiales de Washington. Bajé hoy la lista completa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) y busqué, domicilio por domicilio, todo lo que cae dentro de los 125 municipios mexiquenses. Lo crucé con el mapa criminal de la Fiscalía del Estado, con los datos de tomas clandestinas de Pemex, con los laboratorios asegurados y con la Operación Enjambre. El resultado es un mapa que nadie había publicado completo.

Tres niveles, siempre separados. Hecho: lo que dice un documento oficial. Fuente: quién lo dice. Análisis: mi lectura. Toda persona nombrada conserva presunción de inocencia sin excepción. Una designación del Tesoro es una medida administrativa de un gobierno extranjero, no una condena penal.

El Estado de México encabeza el país en los delitos que miden el control territorial del crimen. En 2025 tuvo 2,257 víctimas de extorsión, el 20.4% del total nacional. Al 27 de agosto de 2026 sumaba 14,377 personas desaparecidas y no localizadas, más que cualquier otro estado. En el primer semestre de 2026 registró 464 víctimas de tortura, más que Quintana Roo y Puebla juntos.

Y hay un dato que el gobierno no presume. Para 2025 la Fiscalía mexiquense reportó 1,575 víctimas de homicidio doloso y feminicidio. El INEGI, con actas de defunción, contó 2,575. Son mil muertos de diferencia, una brecha de 63.5%, cuatro veces la brecha nacional. Con la cifra del INEGI, el Estado de México no es el quinto estado más violento del país. Es el segundo.

Este es el cálculo propio central de la investigación. El 10 de octubre de 2026 descargué los archivos SDN y de domicilios de OFAC (19,416 registros). Filtré cada domicilio que cae en un municipio del Estado de México y descarté los falsos positivos, como calles llamadas Toluca o Texcoco en Tijuana y Monterrey. Quedan 31 personas y empresas.

Naucalpan concentra 7. Toluca, la capital del estado, 6. Huixquilucan, 6. Atizapán de Zaragoza, 5. Metepec, 4. Aparecen también Lerma, Tlatlaya, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec y Tlalnepantla. Dieciocho son registros antiguos del programa Kingpin (SDNTK). Las otras trece son de 2023 en adelante. Diez fueron designadas después del 20 de febrero de 2025, el día en que Washington declaró terroristas a los cárteles.

Hay un segundo cruce que nadie ha hecho. La CURP lleva en las posiciones 12 y 13 el estado de nacimiento. En la lista del Tesoro hay seis personas con CURP de nacimiento mexiquense. Una de ellas, Areli Isis Medina Flores, está ligada por OFAC a Audias Flores Silva, El Jardinero, del CJNG. Otra es Eliseo de León Becerra, accionista mayoritario de la importadora química de Metepec.

Usa el mapa. Cada capa es un archivo oficial distinto. Toca un municipio para ver qué hay en él.

Desde el 20 de febrero de 2025 el Cártel de Sinaloa, el CJNG, La Nueva Familia Michoacana y el Tren de Aragua son organizaciones terroristas extranjeras para Estados Unidos. En el Estado de México las cuatro estructuras aparecen a la vez: tres con empresas inscritas en la lista del Tesoro y la cuarta con una sede declarada por el Departamento de Estado.

Ocho empresas mexiquenses cargan hoy la etiqueta SDGT, la de terrorismo global. Para un banco estadounidense, cualquier transacción con ellas es una violación. Para quien les preste servicios a sabiendas desde que la organización detrás fue designada, la figura es apoyo material al terrorismo.

Metepec es el municipio conurbado con Toluca, la sede de los poderes del estado. Ahí tienen domicilio cuatro de los 31 blancos. Juntos describen dos negocios que Washington considera estratégicos para los cárteles: los químicos y el combustible.

Los químicos. El 12 de julio de 2023 el Tesoro designó a REI Compañía Internacional, S.A. de C.V., importadora y exportadora. Texto oficial: "Con sede en Metepec, Estado de México, REI Compañía Internacional recibe regularmente envíos de productos químicos de exportadores de la República Popular China". Designó también a su accionista mayoritario, Eliseo de León Becerra, nacido en Toluca. La acción se dirigió contra proveedores de precursores que, según el Tesoro, operan bajo la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

El combustible. El 30 de junio de 2026 el Tesoro designó a Jomadi Logistics and Cargo y a Ahavat Logistics Solution, ambas con domicilio en Metepec, por apoyar al CJNG en el contrabando de combustible de Estados Unidos a México. Según el Tesoro, movieron decenas de millones de dólares por el sistema financiero estadounidense con terceros ligados al CJNG. Ese mismo día FinCEN emitió una alerta a los bancos sobre el robo fiscal de combustible. Jomadi tiene permiso de comercialización H/19387/COM/2016. Ahavat, H/23558/COM/2020. Al 2 de julio de 2026 Ahavat seguía apareciendo en padrones oficiales de proveedores.

El cruce que conecta con Nueva York. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó tres transferencias a Ahavat por 678,900 pesos entre el 4 y el 23 de abril de 2024. Salieron de una cuenta de Preecasin, la constructora propiedad del gobierno de Sinaloa encabezado por Rubén Rocha Moya, registradas como "pago de factura" sin especificar el servicio. Ahavat no aparece en el padrón de proveedores de Sinaloa. Rocha Moya está acusado desde el 29 de abril de 2026 en el Distrito Sur de Nueva York, causa S9 23 Cr. 180 (KPF). Es decir: la empresa de Metepec que el Tesoro liga al CJNG recibió dinero del gobierno de un gobernador hoy acusado en Estados Unidos. Nivel: documentado por MCCI con registros contables internos.

Las tomas clandestinas en ductos de Pemex en el Estado de México cayeron de 1,182 en 2023 a 547 en 2024 y a 507 en 2025. El gobierno lo presentó como éxito. En 2026 la curva se dio vuelta: de enero a abril hubo 329 tomas, 67.86% más que en el mismo periodo de 2025. Si el ritmo de esos cuatro meses se sostiene, 2026 cerraría cerca de 987 tomas, casi el doble de 2025. Esa proyección es lineal y propia, no dato oficial.

El robo de gas LP casi se triplicó en 2025: 252 tomas, segundo lugar nacional. Los municipios con más tomas de gasolina y diésel siguen el poliducto Tuxpan-Azcapotzalco: Axapusco 177, Huehuetoca 117, Otumba 74. Los de gas LP están en el norte: Nextlalpan 81, Tepetlaoxtoc 56, Polotitlán 46. Y el Estado de México tiene más permisos de gasolinera que cualquier otro estado: 1,287 en septiembre de 2025.

Hay dos huachicoles. El de abajo perfora ductos. El de arriba entra por la aduana con papeles de lubricante y se vende como combustible sin pagar impuestos. Ese es el huachicol fiscal, y es el que tiene a Washington mirando. Esta es la ruta, armada solo con lo que dicen documentos oficiales y expedientes públicos.

El 20 de junio de 2024 el Tesoro escribió que La Nueva Familia Michoacana produce fentanilo en "Tejupilco, Arcelia, Cuernavaca, Culiacán, Guadalajara y Toluca". Dos de esas seis ciudades son mexiquenses, y una es la capital del estado. El 23 de julio de 2024 designó a Fornely Lab, con domicilio en Naucalpan, por pertenecer a Gerardo Rivera Ibarra, líder de una célula del CJNG capaz de abastecer fentanilo, metanfetamina y cocaína a Estados Unidos.

En el terreno hay laboratorios asegurados a menos de 80 kilómetros de la Ciudad de México. En Ixtlahuaca, el 12 de marzo de 2025, la Marina aseguró 70 kilos de droga sintética y más de 11,000 litros de químicos. En Chalco, en julio de 2025, un laboratorio salió a la luz por una explosión, y la autoridad estatal lo ligó a un grupo de origen jalisciense. En Soyaniquilpan, en septiembre de 2024, a un grupo de origen sinaloense. En febrero de 2026 la FGR destruyó en instalaciones del Estado de México 18.9 toneladas y 78,533 litros de precursores de expedientes de Sinaloa. Y el 11 de septiembre de 2026 la aduana del aeropuerto de Toluca detectó 10.69 kilos de metanfetamina líquida.

Lo que no existe es una cifra oficial de laboratorios por estado. El gobierno federal reporta más de 2,700 desmantelados desde octubre de 2024, pero no publica cuántos están en el Estado de México. Es una de las preguntas que esta denuncia pide responder.

El 15 de abril de 2025 el Departamento de Estado ofreció hasta 5 millones de dólares por Johnny Hurtado Olascoaga, El Pez, y hasta 3 millones por José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Fresa. Fue la primera recompensa por líderes de un cártel designado organización terrorista. El aviso describe a La Nueva Familia Michoacana como una organización "con base en el Estado de México y partes de Michoacán y Guerrero". Los hermanos están acusados en el Distrito Norte de Georgia.

El mapa de la Fiscalía mexiquense ubica a La Familia en 26 municipios del sur y el poniente. Cálculo propio sobre la geometría oficial: esos 26 municipios son el 42.4% del territorio del estado y tienen 2.36 millones de habitantes. En julio de 2025, el Operativo Liberación encontró que La Familia controlaba el precio del cemento, la varilla, el pollo y la carne en 14 municipios. La carne de res llegó a costar hasta 47% más.

La Operación Enjambre arrancó en el Estado de México el 22 de noviembre de 2024. Al 9 de octubre de 2026 suma 27 personas sentenciadas en la entidad, con más de 1,200 años de prisión. La exalcaldesa de Amanalco fue sentenciada a 70 años el 16 de diciembre de 2025 por un doble homicidio que, según la Fiscalía, ordenó con integrantes de La Familia. Según la misma Fiscalía, el cabildo de Amanalco pagaba al grupo hasta 100,000 pesos por acuerdo y le entregaba la mitad del presupuesto anual.

El dato que toca a Estados Unidos. En Santo Tomás de los Plátanos, según la Fiscalía, funcionarios municipales entregaron a La Familia el padrón catastral y los padrones de programas sociales para ubicar a las familias con parientes en Estados Unidos y cobrarles una cuota periódica sobre las remesas. Es decir, una parte del dinero que mandan trabajadores desde Estados Unidos terminó en manos de una organización que hoy es terrorista para Washington. Los hechos documentados son de 2022 a 2024, antes de la designación. Sirven como antecedente y como tipología para FinCEN.

El 30 de septiembre de 2026, hace diez días, el Tesoro designó la red financiera del Tren de Aragua detrás de los ataques de jackpotting a cajeros automáticos en Estados Unidos: 40.73 millones de dólares en pérdidas en más de 1,500 ataques. Dos de las empresas designadas son mexiquenses. Soluciones Integrales Toluca, S.A. de C.V., ligada a Alejandro Mejía Castillo, mexicano. Enigma Community, S. de R.L. de C.V., con domicilio en Tlalnepantla de Baz, constituida el 26 de junio de 2024 y ligada a Óscar Leonardo Martínez Pirona, venezolano. El líder de la red, Prometheus, compareció en Omaha el 2 de octubre de 2026.

En trata, el Estado de México es segundo lugar nacional: 44 víctimas en el primer semestre de 2026, 15 de ellas por explotación sexual, y 41 carpetas de investigación. Pero el informe anual del Departamento de Estado sobre trata publicado en 2025 contiene una frase que debería avergonzar al gobierno estatal: "El Estado de México no reportó ninguna investigación" en 2024, después de haber sido el estado con más investigaciones en 2023.

Este capítulo separa con rigor lo que está probado de lo que está señalado. Ninguna persona de este diagrama está acusada en Estados Unidos ni designada por el Tesoro. Toca cada nodo para ver la ficha. El color indica el nivel: A registro público, B documento oficial que menciona a la persona, C documentado por organización o prensa con fuente, D señalamiento de columna sin documento.

El dato que nadie ha conectado. Cristóbal Castañeda Camarillo es secretario de Seguridad del Estado de México desde el 17 de junio de 2024. Antes fue secretario de Seguridad Pública de Sinaloa de 2018 a agosto de 2023, los últimos dos años bajo Rocha Moya. La acusación de Nueva York describe hechos desde la elección de 2021, cuando Castañeda era el titular. Su sucesor como titular de esa secretaría, Gerardo Mérida Sánchez, está acusado en la misma causa y se entregó el 11 de mayo de 2026. Castañeda no está acusado ni aparece en la acusación. Pero es el funcionario mexiquense con mejor conocimiento directo del aparato de seguridad que Nueva York describe, y eso lo convierte en una pieza de interés para cualquier fiscal.

En la Cuenta Pública 2024, la Auditoría Superior de la Federación observó al gobierno mexiquense más de 6,018 millones de pesos y un probable daño de más de 356 millones, el primer lugar entre gobiernos estatales por monto observado. En la Secretaría de Finanzas señaló retenciones de nómina por 2,160 millones de pesos a 53,671 trabajadores. Esa cuenta cubre apenas seis semanas de la gestión de Óscar Flores, que llegó el 20 de noviembre de 2024.

La deuda del estado era de 61,428 millones de pesos en el primer trimestre de 2025, la tercera más alta del país. En educación, la Fiscalía estatal vinculó a proceso a 26 personas por la venta de plazas: 459 altas irregulares y un daño de más de 96 millones de pesos entre enero de 2025 y febrero de 2026. El principal detenido fue un ex subsecretario de la administración anterior.

Y hay un antecedente que no se borra. Cuando la gobernadora Delfina Gómez fue alcaldesa de Texcoco, a unos 550 trabajadores municipales se les retuvo el 10% del salario entre 2013 y 2015. El INE multó a Morena con 4,529,225 pesos el 3 de septiembre de 2021 y el Tribunal Electoral confirmó la sanción por unanimidad el 12 de enero de 2022. Horacio Duarte fue presidente municipal de Texcoco de 2000 a 2003.

Este es el cálculo que convierte el mapa criminal en un mapa electoral. Tomé los 35 municipios donde el mapa oficial de la Fiscalía mexiquense ubica a La Familia, al CJNG, a la Unión Tepito o a alguno de sus grupos locales, y los crucé con el censo 2020 del INEGI. Viven ahí 8,694,095 personas: el 51.2% del estado. Aplicado proporcionalmente a la lista nominal, son unos 6.6 millones de electores. Es una estimación, no un dato del INE.

Si se suman todas las capas de esta investigación, blancos del Tesoro, huachicol, laboratorios, Enjambre y trata, son 63 municipios con 12.46 millones de habitantes: el 73.3% del estado. Morena abrió el registro para sus coordinaciones municipales del 8 al 18 de octubre de 2026 y definirá a más tardar el 31 de diciembre. Las candidaturas para 2027 se están decidiendo ahora, sobre este mapa.

Para Washington, el riesgo es concreto. Si una sola campaña de 2027 recibe dinero de una organización designada, el dinero toca la definición de apoyo material al terrorismo. Y los bancos estadounidenses que procesen pagos de esas campañas quedan expuestos.

Desde el 31 de marzo de 2025, el Tesoro designó diez empresas mexiquenses en cuatro acciones distintas. Pero el 5 de octubre de 2026, en su tercera ronda de bajas por "modernización" de la lista, retiró al menos cuatro registros con domicilio mexiquense de la era Kingpin: Consultoría en Cambios Falcón, una casa de cambio en Interlomas, Huixquilucan; Aeronáutica Cóndor, con hangares en el aeropuerto de Toluca; Grupo Guadalest y Omar Alfredo Jácome del Valle, El Piolo. Una baja no es declaración de inocencia. Pero cambia el mapa: Washington limpia lo viejo y marca lo nuevo.

Esto es análisis y herramienta educativa, no determinación de culpabilidad. Cada puerta indica qué ley aplica, a qué hechos de esta investigación, y ante quién.

La denuncia formal, en formato de corte, se presenta ante el Departamento de Justicia, el Tesoro, FinCEN, Investigaciones de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado. Pide doce cosas concretas: